RESTA IMPORTANCIA A LAS QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA EL PAÍS ALUITA

A Marruecos le ha tocado el gordo con España. Las intensas relaciones que parece mantener ahora con nuestro país le está salvando de las graves acusaciones de genocidio y lesa humanidad que le vienen de todos lados. La Audiencia Nacional tiene varios procedimientos abiertos a cargos del gobierno norte africano por los asesinatos y desapariciones en el Sáhara que se encuentran bloqueados tanto por el Gobierno como por la Fiscalía.

El papel del Ministerio Público es revelador de la situación existente entre ambos países. La semana pasada, la Liga Española Pro Derechos Humanos presentó una querella contra los ministros del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores marroquí por los sucesos ocurridos en El Aaiún. Les acusa de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato y lesiones. Hablan de un centenar de muertos, entre ellos Baby Hamday Buyema, y seiscientos desaparecidos.

Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tenía claro que en esta querella se daban los elementos necesarios para admitirla y abrir una investigación. Sin embargo, los sucesos se dieron muy rápido. El mismo día que se presentaba el escrito en el órgano judicial, el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, venía a España para reunirse con el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba.

A partir de ese momento todo cambia. El Gobierno hace suyas las explicaciones de Marruecos sobre los hechos ocurridos en el ‘campamento de la dignidad”. El objetivo no es acabar con los saharauis sino evitar que el terrorismo islamista se implante en el territorio. Este extremo afecta mucho a España, uno de los principales objetivos de este terrorismo. Ambos países están luchando muy intensamente contra este mal y hay que evitar como sea que no se expanda y suba a nuestro país.

Esta es la moneda de cambio y, por eso, la Justicia española tiene que hilar muy fino a la hora de investigar a según quien. El propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, recordaba tan solo dos días después de la visita del ministro del Interior que, antes de ocupar ese cargo, dicho ministro había sido presidente del Tribunal Supremo y fiscal general en su país. Se trata, dijo durante un almuerzo informativo, de una persona que “ha colaborado mucho con nuestro país”.

A partir de ahí la explicación ya era otra. Antes de valorara si se debe investigar a Marruecos, primero hay que tener pruebas fehacientes que en los sucesos de El Aaiún se ha producido un delito de genocidio. Por ahora, lo único que hay es un muerto español confirmado.

Restan importancia a las querellas

El fiscal general además tiene claro que la Liga Española Pro Derechos Humanos no tiene la entidad suficiente para presentar la querella porque no lo hace en nombre de la familia de la víctima. Hasta que ésta no actúe, la Fiscalía no moverá ficha. Aún así, los familiares ya han advertido que dejan todo este asunto en manos de la asociación.

El Ministerio Público sí apoyó, sin embargo, otra querella interpuesta en 2007 por asociaciones de Derechos Humanos por genocidio contra trece altos cargos del gobierno marroquí por otro centenar de desapariciones en el Sáhara. El juez encargado del caso, Baltasar Garzón –en la última querella es Ismael Moreno-, inició una investigación que ahora ha asumido su sustituto Pablo Ruz.

El juez instructor acaba de exigir al Ministerio de Justicia que le dé una respuesta “con la mayor brevedad posible” sobre la comisión rogatoria solicitada por su antecesor hace ya dos años. En todo este tiempo no ha obtenido una respuesta. Garzón pedía que las autoridades marroquíes le informaran si estaban investigando los hechos y si los querellados tenían alguna causa abierta en su país para poder proceder contra ellos.

Esta solicitud se hace a través de Justicia, que no ha dado una respuesta desde entonces y tras ser reiterada en mayo de este año. Resulta que uno de los querellados en esta causa es el general Hosni Benslimane, que estuvo el pasado martes en Madrid en la delegación que recibió Pérez Rubalcaba.