Observadores españoles recién llegados de El Aaiún, informan de la masacre realizada contra la población saharaui, cuyas consecuencias son: la muerte directas de saharuis, la detención arbitraria e indiscriminada, los juicios sin pruebas y el acoso policial y militar constante a la población indefensa. Asimismo, denuncian la manipulación y censura informativa por parte de la monarquía morraquí, la indiferencia de la comunidad internacional, y la actitud execrable del gobierno español.Pertenecientes al colectivo Thawra: denuncia y derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos

Javier Sopeña y Silvia García, pertenecientes al colectivo Thawra, llegaron la noche de ayer procedentes de El Aaiún con el objetivo de denunciar los abusos de derechos humanos cometidos por la monarquía marroquí contra la población saharaui de los territorios ocupados militarmente.

Ambos observadores han sido testigos de todo lo sucedido durante las últimas semanas en el Sáhara Ocupado, desde el levantamiento del campamento de la dignidad y posterior desmantelamiento, hasta la brutal represión desencadenada de forma inmediata.

Han visto en primera persona cómo se desmanteló el campamento de la dignidad, como se apalearon de forma salvaje a saharauis indefensos y como se saquearon sus pertenencias. Han sido asimismo testigos de la represión posterior en la ciudad de El Aaiún, de la censura informativa y del control exhaustivo por los militares y policías marroquíes. Ante la incapacidad por realizar su trabajo y para evitar poner en riesgo a los saharauis que les daban cobertura, cedieron a las presiones de ambos gobiernos –español y marroquí- que los querían fuera de El Aaiún, y decidieron regresar a España para contar de primera mano lo ocurrido allí.

Asimismo, ambos observadores denuncian la actitud del gobierno español ante la masacre civil realizada en el campamento de la dignidad y posteriormente en El Aaiún. Unos sucesos inéditos en los 35 años que el Sahara Occidental lleva ocupado que no necesita ninguna investigación, sino una posición firme de repulsa ante la violación de derechos humanos cometida, y una apuesta firme por solucionar el conflicto en los términos acordados en el acuerdo de paz de 1991. Es decir: la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.