Por Ricardo Vázquez-Prada (Periodista)

En una reciente comparecencia en el Congreso, la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, defendió la venta de armas españolas a países como Marruecos, Irán, Venezuela, Israel o Tailandia, por considerar que dichas exportaciones no violan los derechos humanos, no alimentan conflictos en curso y no van a ser utilizadas con fines de represión interna.

Ante tales afirmaciones cabe preguntarse en qué mundo vive la señora Secretaria de Estado, si sigue mínimamente la actualidad internacional y si no se ha enterado, por ejemplo, de que Marruecos mantiene desde hace más de tres décadas un conflicto abierto por el Sahara Occidental, que Israel, como bien se ha visto en el sangriento episodio de la flotilla de la libertad, es capaz de llevar a cabo acciones bélicas de un inusitado salvajismo ignorando plenamente la legislación internacional, que en Tailandia se vive hoy en un clima cercano a una guerra civil, que Irán muestra un peligroso perfil que no propicia precisamente la paz, que Venezuela no es, desde luego, un paradigma en derechos humanos, etc. Por lo visto lo importante es vender armas a troche y moche, aunque sea ignorando la propia legislación interna española, en especial la ley 53/2007, que impide la venta de armamento español a países en conflicto.

El pasado 9 de abril siete organizaciones defensoras de la causa saharauí y de los derechos humanos presentaron una denuncia administrativa en el Ministerio de Industria y Comercio por la venta de armas españolas a Marruecos. La respuesta del Ministerio fue que dichas organizaciones no están legitimadas y que, por tanto, el Ministerio no está obligado a informarles de sus actividades en esta materia. Dicho de otro modo, el gobierno español practica una opacidad absurda en este campo, olvidando que en un sistema democrático el ciudadano que paga sus impuestos y las organizaciones sociales legalmente constituidas tienen pleno derecho a ser informadas de algo tan importante como la venta de armas de su país a otras naciones y si se cumplen o no las leyes vigentes en esas transacciones.

Me parece que el incumplimiento en los casos apuntados y en otros semejantes es más que evidente, lo que nos lleva a la triste conclusión de un claro cinismo gubernamental, de un ejecutivo que quiere mostrarse a menudo como defensor a ultranza de los derechos humanos, progresista y de izquierdas, pero que luego, en la práctica, alienta sin medida el negocio de la venta de armas. Y no sólo eso: la señora Secretaria parecía muy ufana al señalar que las exportaciones españolas en materia de armamento aumentaron en el año 2009 en un 44, 1 por ciento, alcanzando un valor de 1.346 millones de euros, lo que constituye un récord histórico. Triste récord, cuando además se basa en buena parte en la venta de armas a países en claro conflicto o capaces de ignorar por completo el cumplimiento de los derechos humanos, como Marruecos en su constante e implacable acción represora contra el pueblo saharaui.

Por lo visto lo importante es hacer negocio, aunque sea faltando a toda ética y practicando la opacidad, el misterio más indefendible, el cinismo  y la hipocresía más palmaria.