La travesía de las pateras entre las costas del Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada por Marruecos hace tres décadas, y Canarias permanecía cerrada desde que, hace dos años, Mohamed VI se comprometió personalmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a acabar con el tráfico de inmigrantes indocumentados en la zona. En aquel momento, las playas cercanas a El Aaiún se habían convertido en el punto de embarque de miles de subsaharianos que llegaban de forma ininterrumpida.

Pero desde este verano, las redes de traficantes del Sáhara se han reactivado. Ya no usan sólo pateras de madera construidas y pintadas a marchas forzadas, como antaño, sino que disponen de lanchas zodiac e, incluso, de cayucos. Las fuerzas de seguridad han averiguado que las zodiac han sido compradas en varios países europeos y llevadas hasta el Sáhara en las furgonetas cargadas hasta los topes que abundan en la operación Paso del Estrecho. Los cayucos han sido adquiridos en Mauritania, partidos por la quilla en dos mitades longitudinales e introducidos en el territorio a bordo de los camiones que vuelven al Sáhara tras vender sus cargamentos de verduras en Nuadibú y Nuakchot.

Hace dos meses, fuerzas de seguridad marroquíes y españolas localizaron uno de esos cayucos oculto en un cementerio al sur de El Aaiún. Poco después, detuvieron en esta ciudad a un traficante que ocultaba cinco zodiacs.

Los inmigrantes que arriban al archipiélago en esas embarcaciones no son subsaharianos, sino jóvenes saharauis que aseguran haber sido presionados por las autoridades marroquíes para abandonar su tierra. La causa del éxodo hacia Canarias parece ser la cada vez más conflictiva situación en la antigua colonia española. Desde mayo de 2005, en las principales ciudades se suceden protestas para reivindicar la independencia del territorio, que todavía está pendiente de un referéndum de autodeterminación. La represión marroquí es durísima. Las fuerzas antidisturbios mantienen permanentemente rodeados los barrios de los nativos, y las detenciones, las denuncias de torturas y las invasiones de domicilios son habituales.

Huellas de torturas

Casi todos los solicitantes de asilo saharauis son varones (sólo dos mujeres lo han pedido este año), ninguno sobrepasa los 35 años y entre ellos hay todo tipo de profesionales: estudiantes universitarios, parados, trabajadores autónomos... Algunos presentan documentos que certifican que han sido detenidos o cumplido penas de cárcel, supuestamente por participar en manifestaciones independentistas. Otros muestran las huellas que han dejado las torturas en sus cuerpos. Isabel Kimi Iglesias, abogada de CEAR en Las Palmas, ha recogido muchos de sus testimonios: "Relatan que sufren discriminación laboral y social, que el clima de violencia es insoportable, que la policía acosa a cualquiera por el mero hecho de ser joven y saharaui". Y añade: "Es evidente que los marroquíes les están facilitando la salida del Sáhara".

Eso mismo sospecha buena parte de los expertos en extranjería del Ministerio del Interior. En una reciente reunión de mandos de las fuerzas de seguridad de varios países celebrada en Las Palmas, un representante de la Gendarmería marroquí advirtió de que se estaban reactivando las antiguas rutas migratorias del Sáhara Occidental. La mayoría de los presentes lo interpretó como un aviso de que el flujo de pateras consentido irá a más en los próximos meses.

Quien no tiene la menor duda de que esta huida creciente está siendo favorecida por Rabat es el Frente Polisario, movimiento que lidera la lucha por la independencia del territorio. Su representante en Canarias, Luchaá Mohamed, señala el lugar exacto del que zarpan las lanchas: "Taruma, un poblado situado 50 kilómetros al sur de El Aaiún y habitado por pescadores procedentes de Marruecos".

Luchaá no contempla con buenos ojos el éxodo de sus compatriotas, por dos razones. "De una parte, vacían el territorio de su población original; eso le viene de perlas a Marruecos, que se quita de encima un incordio y, además, consigue que sus divisas sirvan para mantener a dos o tres familias. De otra parte, esos muchachos se están lanzando a una aventura en la que arriesgan su vida inútilmente". Desde enero, el Polisario ha documentado con nombres y apellidos la desaparición de 50 saharauis en el Atlántico.

En lo que concierne a la policía española, los saharauis son tratados como ciudadanos marroquíes. Es decir, son trasladados rápidamente desde Canarias a Melilla, conducidos a la frontera y entregados a la Gendarmería de Marruecos. Las solicitudes de asilo paralizan esos procesos de devolución hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio de Justicia, decide si admite a trámite sus peticiones. Durante la espera, permanecen en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura un máximo de 40 días. Si, una vez agotado ese periodo, la OAR aún no se haya pronunciado, la policía los traslada en avión a centros de acogida de la Península.

Las resoluciones de la OAR suelen ser positivas: ha admitido al menos el 90% de las solicitudes presentadas este año por los saharauis, ha dado la permanencia en España al 2% y se desconoce el resultado del 8% restante.

A pesar de esas buenas perspectivas, los saharauis no fían todo su futuro a la decisión de Justicia. En cuanto son puestos en libertad, suelen trasladarse a Badajoz. La Delegación del Gobierno en esa provincia se ha hecho famosa en el Magreb por su reconocimiento de los derechos que, como españoles de origen, asisten a los antiguos ciudadanos del Sáhara Español y por su celeridad en la resolución de los expedientes. Los saharauis suelen empadronarse en algún pueblo de la provincia y, esgrimiendo los viejos carnés de identidad y libros de familia de sus padres o abuelos, tramitan permisos de residencia por cinco años o solicitan la nacionalidad española. Ése es el objetivo final de su viaje.

Fuente: el Pais.com