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El Sáhara, un viejo asunto difícil de resolver

Enviado el Martes, 10 de noviembre de 2009, a las 09:15:56
Tema: Opinión - Enviado por prada
Opinión

Fuente: El Mundo - Felipe Fernández-Armesto

ME ENTRISTECEN las últimas noticias traídas desde el Sáhara por el actor Javier Bardem. No sólo por lo que están sufriendo los refugiados -abandonados y olvidados en sus miserables campamentos-, sino también por mí mismo. La historia de este conflicto me apena, aunque, lógicamente, de manera mucho menos profunda y aguda que a quienes han perdido su patria, sus parientes y la esperanza de una vida próspera o normal. Pero mi pena es auténtica y traumática. Porque la mera mención del Sáhara me recuerda la inutilidad y desesperanza de mi vocación de historiador.

    Sé a ciencia cierta que Marruecos ejerce en ese rincón del desierto un colonialismo históricamente injustificable, y en lo esencial idéntico al que antes practicaba España. Desde un enfoque histórico, el principio legal de la autodeterminación, el derecho de los habitantes de un país a formar una comunidad propia y de optar por su independencia, es incontestable. Pero sé también que los hechos ocurridos dibujan un escenario muy complejo para el destino del país y el porvenir de las víctimas.

    Mi involucración en el confllicto saharaui empezó el 11 de diciembre de 1974, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al Tribunal Internacional de La Haya que consultase sobre el estatus de lo que hoy es el Sáhara Occidental -entonces, ocupado por España-. La cuestión fundamental era si el territorio pertenecía a Marruecos o si formaba una entidad o unas entidades independientes, según la tesis mantenida por España. De la respuesta dependía la legalidad de la política española de establecer la independencia saharaui en lugar de devolver el territorio al Reino marroquí.

    Hay que reconocer que la postura española no se adoptó por motivos altruistas. La dictadura franquista tocaba hacia su fin. El colonialismo europeo en África ya parecía un anacronismo insostenible. Evidentemente, resultaba mejor instalar a un Gobierno amigable en el Sáhara que trasladar el territorio y sus recursos mineros a un Marruecos cuya actitud hacia España se complicaba tanto por la enemistad histórica como por diferencias habituales y pertinaces sobre pesquerías y presidios.

    En aquel momento yo me hallaba en Oxford, realizando investigaciones históricas sobre las Islas Canarias -situadas a corta distancia de la costa del Sáhara-. El asunto resultó bastante relevante en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Vi incluso a su presiente consultando libros sobre la historia del Sáhara en la biblioteca. Manuel Fraga, entonces embajador de España en Londres -con su dominio insuperable de todo tema académico- se dio cuenta de que el archivo más relevante de la historia del Sáhara en el siglo XIX era el del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, por haber sido el Reino Unido la potencia más interesada en la definición de las fronteras marroquíes durante las fases previas e iniciales del imperialismo europeo en África. Me invitó a repasar el archivo y buscar toda la documentación que pudiese ser relevante a la postura española ante el Tribunal Internacional.

    Las autoridades británicas empezaron a informarse sobre el Sáhara alrededor del año 1860, fecha en que el sultán marroquí autorizó el establecimiento de una estación pesquera española en la costa africana, en el supuesto sitio de un antiguo fuerte español llamado Santa Cruz del Mar Pequeño o Santa Cruz la Pequeña. Los ingleses querían saber, concretamente, dónde se encontraba ese lugar, y si el sultán tenía el derecho de conceder a un tercer país unos terrenos que no constaba que le pertenecieran. Todo quedó sin resolverse por la imposibilidad de localizar el puerto, cuya ubicación quedó en el olvido. Una década después, el problema de la definición de las fronteras marroquíes volvió a ser relevante para la diplomacia británica porque a un comerciante escocés, Donald Mackenzie, se le ocurrió la idea de abrir una factoría en la misma costa para aprovechar del comercio hacia África del Oeste y del Sur.

    Me sorprendió la objetividad de las autoridades británicas. Su instinto no les empujaba a apoyar la aventura de Mackenzie, sino a impedírsela. Por lo visto, no querían tener problemas diplomáticos con Marruecos ni dar lugar a que otras potencias reclamasen derechos semejantes a los buscados por Mackenzie. Concienzudamente, buscaban pruebas que confirmaran que la soberanía marroquí se extendía hacia los límites del desierto. Reconocieron repetidas veces que lo más propicio para los intereses de Gran Bretaña era que esos territorios «quedasen bajo el dominio de un Gobierno tan responsable como el de Marruecos». Encontraron, empero, una dificultad surgida de un choque de culturas.

    Para los ingleses, la soberanía era algo concreto que se podía definir en términos claros y delineables en un mapa. Su concepto del poder era secular, empírico y práctico. La soberanía, si existía, debía manifestarse de una forma cuantificable y mensurable, en leyes o reglas obedecidas, o por la presencia de agentes o representantes del supuesto soberano. Y de todo esto no hallaban nada en el territorio saharaui, más allá de Agadir. Para los marroquíes, en cambio, la soberanía no era una categoría exacta ni una cantidad que se podía calcular. Consistía en una supremacía vaga, mística, espiritual. Sus pruebas eran las oraciones que se hacían por el bienestar del sultán en lugares remotos, así como los recuerdos, que vacilaban entre leyenda e historia, de campañas heroicas de siglos atrás.

    El Gobierno británico rechazó terminantemente cualquier concepto de soberanía que no se correspondiese con el suyo. Para ellos, los razonamientos marroquíes eran supercherías orientales, burbujas o vapores de un baño turco. Y hubiera sido ridículo admitir lo que pedían los negociadores marroquíes: que territorios conquistados por un sultán en el siglo XVI, que luego se perdieron en el XVII, siguiesen formando parte del Reino de Marruecos de entonces, ya que gran parte del oeste de África, hasta el valle del río Niger, había formado parte del imperio marroquí en el pasado. Ni era lógico admitir que las oraciones por el sultán, como líder espiritual tras autoproclamarse califa del islam, pudiera suponer un reconocimiento de su supremacía temporal en el terrritorio. Y aludían que en el caso de admitir esto, todo el mundo católico se vería igualmente obligado a someterse al mando del Papa.

    A pesar de esos defectos de entendimiento mutuo, los documentos del archivo mostraban algunas conclusiones bastante claras. Los marroquíes no sabían hasta dónde llegaba su Reino. Decían que «a gran distancia» hacia el sur. Admitían que no eran capaces de ejercer «control ni autoridad» al sur del Ouad Nun. Los jeques locales a quienes los británicos dirigían sus preguntas negaron que aceptaran la soberanía marroquí. Uno de ellos, en una carta al ministro inglés de Asuntos Exteriores en 1879, declaró: «No nos referimos al sultán por nada, ni nos movemos con él, ni tenemos nada que ver con él, ni somos de sus dominios».

    IRÓNICAMENTE, hasta 1885 los gobiernos españoles estaban dispuestos a admitir que las extremidades del desierto se encontraban «bajo la jurisdicción simbólica» del sultán, para evitar así que cayesen en manos inglesas. Los ingleses, empero, nunca admitieron que la frontera marroquí se encontrara al sur del Ouad Draa. En el momento de la primera ocupación española de parte del territorio contestado, al sur de Cabo Blanco, en 1885, los representantes de su majestad británica comentaron que «la ocupación de tierras que se hallan tan lejos de la frontera no puede afectar los intereses marroquíes». Reconocieron -explícitamente en un tratado de 1895- que el sultán tuvo el derecho de añadir más tierras a su dominio por conquista o por acuerdo con los habitantes, pero los agentes ingleses no dejaban nunca de informar sobre el rechazo de los jeques locales a las pretensiones marroquíes.

    Así que no cabe duda de que, al intentar devolver la soberanía a sus habitantes en 1974 y 1975, España respetaba la realidad histórica. Porque el territorio -en su totalidad o casi totalidad- quedaba fuera de los dominios de Marruecos. El Tribunal Internacional reconoció esos hechos, y la mayoría de los jueces aceptó la postura española. Pero ni los hechos históricos, ni los principios jurídicos, afectaron la situación política. Por la astucia del rey de Marruecos y su estrategia apabullante de ordenar a sus ciudadanos que ocupasen el territorio pacíficamente, las deliberaciones de La Haya resultaron irrelevantes, el Sáhara pasó a ser una colonia marroquí, y las investigaciones que yo había realizado con tanto cuidado, pasaron al olvido.

    En ese momento me di cuenta de algo que sigue dando forma a todo mi trabajo: la Historia no se afecta por los hechos tanto como por las hechicerías. No importa la verdad, sino la falsedad en que la gente confía. Desde entonces, me he dedicado más a estudiar la retórica, los mitos, las mentiras, la propaganda, las imágenes y las percepciones que los hechos concretos. Ya sé que la vocación de un historiador es una fuente de frustraciones para quien espere mejorar el mundo. Un público históricamente enseñado no votara a un Bush ni a un Berlusconi. Gobiernos conocedores de las realidades del pasado no iniciarán guerras ni en Irak ni en Afganistán. Los dirigentes de grandes empresas no lanzarían crisis por sus excesos, los nacionalistas abandonarían sus políticas particularistas, y no sé cuantos males más se evitarían bajo la luz del estudio de los fallos pasados.

    Pero la ignorancia histórica de los pueblos y de sus políticos parece invencible, y la fuerza de las circunstancias inmediatas, irresistible. Así que me temo que los refugiados saharauis seguirán sufriendo, y, aunque en menor grado, seguiremos sufriendo todos.

    Felipe Fernández-Armesto es historiador y ocupa desde 2005 la cátedra Príncipe de Asturias de la Tufts University en Boston (Massachusetts, EEUU).

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