MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha pedido al Gobierno de Rabat que libere a los "siete presos políticos" saharauis detenidos el pasado 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca (Marruecos) cuando acababan de llegar de los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) y pidió que, en todo caso, los siete activistas de Derechos Humanos tengan "un juicio justo".

En un comunicado publicado el pasado 10 de octubre y transmitido este sábado por la agencia de noticias saharaui SPS, la directiva de la AMDH pidió la "liberación" de los siete detenidos "en su calidad de presos políticos" y que se les garantice "un juicio justo".

   Los siete detenidos comparecieron el pasado jueves ante la Fiscalía Militar de Rabat y fueron trasladados a continuación al complejo penitenciario de Salé, en la capital marroquí. Previamente habían pasado ocho horas en poder de diferentes servicios de información civiles y militares marroquíes "sin ningún contacto con sus familias ni con su abogado", según la asociación.

   La detención fue ordenada por la Fiscalía General marroquí, que acusó a los activistas de haberse puesto "en contacto con partes hostiles a Marruecos, perpetrando así un atentado contra los intereses superiores de la nación", según informó la agencia estatal  marroquí de noticias, MAP.

   Los detenidos, de los que no se tuvo noticia durante una semana y cuya acusación aún se está preparando, podrían ser condenados a entre quince y veinte años de prisión o a pena de muerte por delitos como traición a la patria o espionaje, según advirtió ayer viernes a Europa Press el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), Fernando Peraita.

   Entre los siete detenidos --seis hombres y una mujer-- figuran el vicepresidente primero de CODESA, Alí Salem Tamek, y el presidente de la Asociación Saharaui de las Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH), Brahim Dahane. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación Robert Kennedy, Front Line o el Centro Internacional Olof Palme han condenado los arrestos.