Fuente: El Mercurio Digital

Cuando se trata de la libertad de asociación, como con otras muchas cuestiones de derechos humanos, Marruecos promulga leyes progresivas pero el Gobierno hace lo que le place.
Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch

Marruecos debe poner fin a las maniobras burocráticas generalizadas que frustran la libertad de asociación, lo que incluye impedir el registro de organizaciones cívicas en violación de sus propias leyes, señaló Human Rights Watch en un informe.

El informe de 45 páginas, "Freedom to Create Associations: A Declarative Regime in Name Only" (Libertad para crear asociaciones: Un régimen declarado sólo de palabra) señala que los representantes locales del Ministerio del Interior se niegan con frecuencia a aceptar la documentación de registro cuando a las autoridades no les gustan los objetivos o los miembros de una organización.

Las leyes marroquíes permiten la constitución de nuevas asociaciones registrándolas simplemente ante las autoridades locales, en lugar de exigir una autorización previa. La ley obliga a los funcionarios a aceptar la documentación de registro.

"Cuando se trata de la libertad de asociación, como con otras muchas cuestiones de derechos humanos, Marruecos promulga leyes progresivas pero el Gobierno hace lo que le place", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

El informe incluye más de una decena de estudios de caso en los que el Gobierno ha retenido el "recibo" de reconocimiento del registro para impedir las actividades de estos grupos. Entre estas organizaciones se encuentran grupos que luchan contra la corrupción y otros que promueven los derechos de los graduados universitarios desempleados, la población amazigh (bereber), los saharianos y los migrantes subsaharianos. Las organizaciones tienen sus sedes en ciudades de todo el país y en el Sahara Occidental controlado por Marruecos.

El Gobierno también ha impedido la existencia de muchos grupos de beneficencia o educativos aparentemente porque entre sus líderes hay miembros de Justicia y Espiritualidad, uno de los movimientos islamistas más activos de Marruecos.

Las asociaciones que las autoridades consideran que no están adecuadamente registradas no pueden recaudar cuotas o recibir donaciones. También se encuentran con obstáculos para organizar manifestaciones, contratar recintos públicos y abrir cuentas bancarias. En algunos casos, se ha enjuiciado a sus líderes por pertenencia a una "organización no reconocida", a pesar de que este delito no está tipificado en las leyes marroquíes. Aunque muchas asociaciones que carecen de recibos de registro continúan funcionando, su condición jurídica incierta las mantiene en una situación precaria, limita sus actividades y disuade la participación de algunos miembros actuales o potenciales.

"La frecuencia con la que los funcionarios locales de todo el país retienen estos recibos de registro demuestra que los funcionarios nacionales están tolerando esta práctica", señaló Whitson. "Tienen que ejercer la voluntad política a nivel nacional y exigir a los funcionarios locales que acaten las leyes", agregó.

En teoría, las asociaciones cuentan con recursos legales si los funcionarios locales no procesan sus documentos. Pueden enviar su documentación por correo certificado; contratar a un notario para que registre sus intentos de buena fe para registrarse o interponer una causa en un tribunal administrativo. Sin embargo, Human Rights Watch observó que estos recursos han producido resultados insatisfactorios.

Human Rights Watch también criticó el margen demasiado amplio que la ley concede a las autoridades para oponerse a la formación de una nueva asociación o intentar la disolución de una organización existente a través de los tribunales. La ley señala que ninguna asociación puede albergar objetivos o metas considerados "contrarios a la buena moral", que constituyan una "amenaza" para el islam, la monarquía o la "integridad territorial" del país", o que "inciten a la discriminación".

Estas restricciones superan con creces los límites de lo permitido en los tratados internacionales de derechos humanos con respecto a la libertad de asociación y expresión, y ofrecen a las autoridades un fundamento en la legislación nacional para disolver las organizaciones cuyo programa político no les complazca.

"En la práctica, las autoridades marroquíes recurren muy pocas veces al instrumento contundente de prohibir una asociación", señaló Whitson. "Prefieren atacar a asociaciones específicas con leves medidas represivas: complots burocráticos que desestabilizan a las asociaciones, debilitan a la sociedad civil y socavan el Estado de derecho", agregó.

El informe de Human Rights Watch insta al Gobierno marroquí a:

    * Exigir a los funcionarios locales que cumplan con sus obligaciones respecto a las disposiciones legales marroquíes sobre el registro de asociaciones, y pedir cuentas a los funcionarios que no las cumplan.
    * Revisar la ley de asociaciones para limitar los criterios por lo que se puede prohibir una asociación. El texto que permite a los funcionarios denegar el registro de organizaciones que "perjudican" al islam, el régimen monárquico o la "integridad territorial" de Marruecos, o que "incitan" a la discriminación, es excesivamente amplio y propicia la represión por motivos políticos.
    * Revisar la ley de asociaciones para exigir a las autoridades que declaran claramente la razón por la que se oponen al reconocimiento legal de una asociación.
    * Ejecutar las sentencias de los tribunales administrativos a favor de asociaciones que se han encontrado con obstáculos administrativos arbitrarios para la presentación de su declaración.
    * Detener los procesamientos por "pertenencia a una asociación no reconocida", un delito que carece de una base legal clara.
    * Publicar periódicamente una lista de las asociaciones cuya documentación se hayan negado a aceptar los funcionarios o por la que los funcionarios nacionales o locales se hayan negado a emitir un recibo, o cuya constitución legal haya sido cuestionada por el Gobierno, y las razones para ello.

"Marruecos se vanagloria de tener miles de organizaciones no gubernamentales debidamente reconocidas", señaló Whitson. "Pero la verdadera demostración de un Gobierno ilustrado es la manera en que trata a las organizaciones más controvertidas", agregó.