Western Sáhara Resource Watch (WSRW) advierte a Rivero que no basta con compadecer a los saharauis

Por Sol Rincón Borobia, para La Opinión de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

La organización internacional Western Sáhara Resource Watch (WSRW) denuncia la cómoda postura que ha adoptado el Gobierno de Canarias en relación al conflicto entre Marruecos y el Pueblo Saharaui. "No es suficiente compadecer al agredido y sonreír al agresor", indica el responsable de la organización en Canarias, Sergio Ramírez Galindo.

Recuerda que mientras los dirigentes políticos regionales trabajan para mejorar las relaciones comerciales con el reino de Mohamed VI, la mano de Marruecos golpea fuerte a los saharauis, que sufren un sinfín de torturas y vejaciones.

Además, WSRW critica que el Gobierno Canario mire hacia otro lado cuando empresas canarias hacen negocio en territorio saharaui, sin el permiso de las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y sin que los beneficios que obtienen allí reviertan en sus ciudadanos.

Sergio Ramírez, que ha escrito multitud de artículos referentes a las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, cree que el empeño de Canarias en incentivar las relaciones y conexiones con los países de su entorno "es sano", pero "debe parar" cuando uno de esos países está torturando a otro.

Además, critica el hecho de que el Gobierno regional esté subvencionando a las cámaras de comercio, "que incentivan viajes de empresarios para que vean posibilidades de negocios". Ramírez asegura que las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Sáhara Occidental son "de primer orden", pero recuerda la petición del Pueblo Saharaui para que no se hagan negocios en su territorio sin su permiso.

"El Gobierno de Canarias está siendo cómplice de lo que Marruecos hace en los territorios ocupados", añade.

Entre los negocios ilegales que resalta Western Sáhara Resource Watch se encuentra el de extracción de arena. Una de las empresas que se dedican a esta actividad es la canaria Arabella Shipping Corporation, que extrae recursos naturales del Sáhara Occidental para venderla luego en Canarias con destino a la construcción o a la regeneración de playas.

A este respecto, Sergio Ramírez indica que incluso ha establecido recientemente una línea marítima regular entre el puerto de La Luz, en Gran Canaria, y el puerto de El Aaiun, "capital del país ocupado", con el objetivo de "diversificar así sus actividades de transporte, no sólo al negocio de los áridos sino también al transporte de otras mercancías", informa en uno de sus artículos que se pueden ver en www.wsrw.org

Por eso, critica al Gobierno de Canarias por permitir a las autoridades portuarias (en las que tiene una alta participación) que dejen descargar la arena del Sáhara ocupado, "una arena que claramente es ilegal", añade.

Depende del político.

Sergio Ramírez explica que la organización no ha tenido ninguna ­reunión ni otro tipo de contacto con el equipo de Paulino Rivero, aunque sí con varios políticos de todos los partidos. A este respecto, asegura que depende de la ética y la moral personal de cada político el que tenga una mayor o menor sintonía con el Reino de Marruecos. Así, las relaciones con el Sáhara Occidental empeoran o mejoran dependiendo del responsable, y no del partido, que esté al cargo de una institución.

Como ejemplo, Ramírez recuerda que cuando el presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, era presidente del Cabildo de Gran Canaria "suprimió de golpe" las ayudas que esta institución otorgaba para que niños saharauis pudieran viajar hasta Cuba para formarse. "Soria dijo entonces que su decisión se debía a que, según consideraba él, Cuba no era el país idóneo para educar a niños". Sin embargo, no propuso otra alternativa.

Por el contrario, la presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, tiene una postura más cercana al Pueblo Saharaui. "Coalición Canaria, por ejemplo, invita al representante del Sáhara Occidental a su congreso anual", asegura este miembro de la WSRW.

Para la organización internacional Western Sáhara Resource Watch, el Gobierno de Canarias "tiene falta de valentía política" con respecto a Marruecos y olvida que el Sáhara Occidental es también su vecino y que necesita algo más que un gesto humanitario: una determinación política que deje de ser "intermedia".

El expolio de los recursos naturales

En el informe de Hans Corell para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se señala en el apartado dedicado al derecho aplicable a las actividades relativas a los recursos minerales en los territorios no autónomos (como el Sáhara Occidental) que las actividades económicas realizadas en esos territorios no deben tener consecuencias perjudiciales para los intereses de los pueblos que viven en ellos , sino que deben estar encaminados a ayudarlos a ejercer su derecho a la libre determinación.

La Asamblea de la ONU también insta a las potencias administradoras de esos territorios a salvaguardar y garantizar los derechos inalienables de esos pueblos a disponer de sus recursos naturales y a establecer y mantener el control del aprovechamiento de esos recursos en el futuro. Asimismo, el informe dice que: "La explotación y el saqueo de los recursos marinos y demás recursos naturales de los territorios coloniales y no autónomos por parte de intereses económicos extranjeros, en violación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, constituyen una amenaza a la integridad y la prosperidad de esos territorios", y que "la potencia administradora que prive a los pueblos coloniales de los territorios no autónomos del ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales incumple las solemnes obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas".

El principio de la "soberanía permanente sobre los recursos naturales", entendido como el derecho de los pueblos y las naciones a usar los recursos naturales en sus territorios y disponer de ellos en interés del desarrollo y el bienestar nacionales, fue establecido por la Asamblea General en su resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962.

Posteriormente, se reafirmó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, así como en resoluciones subsiguientes de la Asamblea General, especialmente la resolución 3201 (SVI), de 1° de mayo de 1974, titulada y la resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, que contenía la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.