por Haddamin Moulud Said

La voluntad de acabar con el pueblo saharaui no se circunscribe a los execrables acuerdos de Madrid de 1975. Mucho tiempo después de aquellos acuerdos, las normas españolas seguían abundando en esa voluntad de acabar con los saharauis. Veamos un ejemplo consistente en los dos primeros artículos de una norma del Derecho español:

ORDEN DE 1 DE MARZO DE 1977 POR LA QUE SE DICTAN NORMAS PARA EL RETIRO DEL PERSONAL SAHARAUI DE LA POLICIA TERRITORIAL DE SAHARA

Primero.-los suboficiales y personas de tropa saharaui pertenecientes a la policía territorial de Sahara en 31 de enero de 1976, tendrán derecho a percibir la pensión de retiro que con arreglo a los años de servicios les corresponda. Segundo.-lo establecido en el numero anterior será de aplicación a los suboficiales y personal de tropa saharaui que hayan pasado a prestar sus servicios a las fuerzas armadas reales marroquíes o a las fuerzas armadas mauritanas.

Es decir, a los saharauis que combatían o sufrían la agresión de los dos ejércitos mencionados, a esos, ni agua. El Estado español exhibe su generosidad para con aquellos que se pasen a Marruecos o a Mauritania. Los otros, y sus derechos, que se vayan a cierto sitio.
Como se puede ver, la Orden Presidencial se firma a uno de marzo de 1977. Es decir, después de que los saharauis hayan proclamado su inequívoca voluntad de declararse como un país independiente, después de que los saharauis hayan mostrado, sobre el terreno, su voluntad de hacer frente a la pinza formada por dos ejércitos armados hasta los dientes, después de que la calamidad bíblica caída en Tinduf hiciera saltar las alarmas en todas las Organizaciones Humanitarias (Por cierto, en aquél entonces y con la que estaba cayendo, la Cruz Roja Española se limitó a enviar una pequeña ayuda simbólica). O sea, cuando se firma la Orden Presidencial, estaba más que claro que los saharauis no querían ser ni marroquíes ni mauritanos, pero el Gobierno de España seguía, por si la chequera seduce a algunos, intentando disolver a los saharauis. Exactamente lo mismo que hace Leire Pajín al cantar, en todas sus apariciones públicas, que el PSOE ha multiplicado por tres la ayuda humanitaria, a la vez que se niega, ella y su partido, a denunciar las violaciones masivas de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, registradas por Organizaciones y Organismos nada sospechosos de prosaharauis.
En este sentido la claridad con la que se expresa Moratinos, en el Senado, sobre su particular concepto de autodeterminación aplicado al caso saharaui, revela, esa claridad, el alto grado de animadversión que la cúpula del PSOE siente hacia la Causa Saharaui.
Pues bien, esa voluntad de acabar con los saharauis no se circunscribe a un pasado borroso. En el vigente año 2009, esa macabra voluntad, sigue teniendo vigencia.
Como es bien sabido, el documento denominado Cédula de Inscripción es un documento que le viene a los saharauis como un anillo al dedo. Es decir, les desvincula del pasaporte marroquí, del pasaporte mauritano y del muy difícil de renovar pasaporte argelino. Además se ajusta con bastante precisión a su situación real, puesto que ni son marroquíes ni mauritanos ni, tampoco argelinos. De hecho, en proporción, ningún otro colectivo de inmigrantes en España iguala a los saharauis en número de cédulas de inscripción. Pues parece ser que el grifo se va a cerrar. Hace ya un par de años, en Canarias, cerraron la puerta a la posibilidad de renovar tales cédulas con el consiguiente trasvase de saharauis desde el archipiélago a la península. Pero ahora, parece que esa prohibición se va a generalizar.
En la práctica este proceder viene a operar como la Orden Presidencial del uno de marzo de 1977. Es decir, si eres saharauis y quieres obtener o mantener tus papeles en España, no te queda más remedio que aportar un pasaporte marroquí, mauritano o argelino. Todo ello, si es que, por rezagado, aún no te has nacionalizado español. La Administración española viene, así, a girar un poco más la tuerca que aprisiona a los saharauis.

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