La sugerencia de alguno de sus colaboradores de disfrazar la detención «para no salpicar la imagen del Palacio Real», fue rechazada de plano por Mohamed VI. Convulsión en el norte La detención de una docena de altos oficiales de los cuerpos de seguridad, de la Gendarmería y de los servicios secretos, en el norte de Marruecos, por su presunta vinculación con el narcotráfico, ha estremecido la vida social del norte marroquí. El capo mafioso Mohamed Kharraz, a pesar de tener orden de captura por la Interpol, y ser perseguido por las policías española y marroquí, seguía gozando de la impunidad y protección que le prestaban desde el ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad marroquíes, así como de la propia administración de Justicia. «La Ley de la omertá funciona en Marruecos igual que en Sicilia», señala el periodista Hossein Majdoubi. Hace unos meses, un grupo de abogados de Tetuán, dirigidos por Lahbib Hajji, puso de manifiesto en una carta abierta los vínculos de corrupción entre jueces, magistrados, policías y funcionarios de Interior. Hajji recibió amenazas de muerte.
Entre otras cosas denunciaba la decisión del ministro de Justicia, el socialista Mohamed Buzuba, de trasladar a Rabat, a un puesto de segundo orden, a la juez Malika Benmessaud, que presidía el Tribunal de Apelación de Tetuán hasta su llegada sinónimo «de riquezas ilegales, de dinero negro, de coches de lujo, de cuentas corrientes exorbitantes», y que había conseguido llevar a juicio a una docena de magistrados y otros tantos relevados de su cargo. Tras la decisión del ministro de trasladar a la jueza, «la corrupción campa a sus anchas de nuevo», afirma Lahbib Hajji. El periodista Majdubi de El Ayam se pregunta: «¿Cómo un país capaz de detener a más de nueve mil presuntos terroristas en pocas semanas no puede proteger a una jueza? ¿Por qué no actuó el ministro de Justicia, el Director General de la Policía o el Fiscal general de Tetuán para protegerla?». Ante la magnitud de la corrupción en la Justicia, el Rey Mohamed VI ha dado ordenes explícitas de «llegar hasta el final en la investigación de la trama del narcotráfico», sabiendo claramente que en la misma se hallan implicados altos funcionarios del aparato del Estado, del Ejército y de la Gendarmería Real. Hace ya dos años, el semanario El Ayam publicó un extenso reportaje sobre el tema. El periodista autor del mismo fue detenido varios días e interrogado en los locales de la policía secreta en Casablanca. Tras ser liberado, puso una denuncia contra el jefe de la Policía secreta del reino, el general Hamidu Laanigri, quien fue destituido en la noche de ayer. Mohamed VI nombró para sustituirle en el cargo a Charki Driss, actual «Wali» (delegado del gobierno) y gobernador de El Aaiún (Sahara Occidental). Laanigri, hasta hace poco uno de los «hombres fuertes» del régimen, ha sido nombrado por el rey inspector general de las Fuerzas Auxiliares. La iniciativa del rey no tiene precedentes. De hecho, su padre, el rey Hassan II, no se atrevió. El primer ministro Yussufi propuso al Rey en 1997 reformar el sistema judicial roído por la corrupción, pero el monarca entonces se echó para atrás por razones desconocidas.

Fuente: La Razón