Para entender esta ilegalidad, hay que remontarse a 1975. España atravesaba una fase de inestabilidad política y “un día antes de la muerte de Franco, abandona el Sáhara”, explica Eugenio Pérez de Francisco, profesor de la Universidad Antonio de Nebrija. De esta manera, el hasta entonces territorio español pasó a ser controlado por Marruecos y Mauritania. Eso sí, saltándose el protocolo de la ONU que obligaba a España a convocar un referéndum para su descolonización. La ONU insta a una negociación y el acuerdo, a día de hoy, no se alcanza.

En 1976, mientras los últimos españoles abandonaban el Sáhara, el Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Tras una sucesión de batallas, Mauritania renunciaba a su soberanía sobre la zona. Con Marruecos como única ocupante, la ONU instó a una negociación. A día de hoy, el referéndum no se ha celebrado y Marruecos sigue administrando ilegalmente los recursos del Sáhara.

La respuesta de Iberdrola ante la denuncia por esta supuesta ilegalidad no se ha hecho esperar. La eléctrica afirma que, como toda actividad empresarial, se guía por “los valores éticos y de responsabilidad social”, y se compromete a no implantar instalación alguna si no se dan tres condiciones: resultados positivos en los estudios de viabilidad, acuerdos entre todos los agentes implicados y la aprobación de los órganos de gobierno, tanto de la ONE como de Iberdrola.

Por su parte, Brahim Gali, representante del Frente Polisario en España, considera que la implantación de dicho parque es “un insulto” al pueblo saharaui, y que sólo apoyaría a la compañía en el caso de que se resolviera el conflicto. “No estamos en contra de que las empresas españolas inviertan en Marruecos, pero en el Sáhara no, porque es una participación directa en la ilegalidad”, añade.

Sea como fuere, resulta contradictorio que Iberdrola dedique parte de sus fondos a un estudio al que uno de los agentes implicados, el Frente Polisario, se opone. Sin embargo, se puede ir más allá. La eléctrica no estaría interesada en anular el acuerdo por varios motivos. En primer lugar, la carta de intenciones es un contrato y, como tal, su ruptura puede generar costes mayores que los del propio estudio de viabilidad. “Un estudio de este tipo puede valorarse en unos 100.000 euros”, precio insignificante si se compara con el de la indemnización, explica Javier García Lachica, representante en España del WSRW. En segundo lugar, la anulación del acuerdo supondría para la compañía malas relaciones con Marruecos, potencia con la que mantiene contratos, y con la que podría firmar convenios similares. Esto supondría posibles pérdidas millonarias para la eléctrica. Fuentes cercanas a Iberdrola han afirmado que la empresa “no va a hacer jamás un parque allí”, puesto que “no van a crear un conflicto territorial, como ha sucedido con otras empresas”. Y es que, durante los últimos cinco años, el ir y venir de empresas, a pesar de que contravenga la ley internacional, ha sido una constante en el Sáhara. Petroleras como Kerr-McGee o TGS-Nopec tuvieron que abandonar el Sáhara Occidental, tras haber firmado sendos acuerdos de exploración con Marruecos en tierras saharauis. Mientras la estadounidense Kerr-McGee perdía por motivos éticos a siete de sus accionistas, cuya inversión estaba valorada en 59 millones de euros, la noruega TGS-Nopec afirmaba que no había petróleo.

Otras compañías, como la española FMCForet, compran fosfatos a Marruecos desde 1975. Durante el último año, se estima que la empresa ha importado alrededor de 500.000 toneladas de las minas de Bu Craa (Sáhara Occidental). “El precio que extraoficialmente estamos considerando es de unos 150 euros por tonelada”, indica Javier García Lachica. Es decir: 7,45 millones de euros que van a parar a los bolsillos de la Office Cherifien Phosphates marroquí (OCP). Según FMC-Foret, “no hay ninguna norma jurídica que prohíba la importación de fosfatos”, por lo que ontinuarán sus relaciones con la OCP. En cambio, como demuestran numerosas resoluciones de la ONU, “la explotación de recursos naturales de cualquier territorio ilegalmente ocupado o pendiente de descolonización es a todas luces ilegal”.

Marruecos es el interlocutor de la comunidad internacional.  Entonces, ¿cómo es posible que haya empresas que xploten recursos contradiciendo la ley? La respuesta es sencilla: “Mientras que el Frente Polisario no está reconocido por la ONU, la comunidad internacional considera a Marruecos como su interlocutor, lo que provoca una situación de ocupación efectiva”, explica Eugenio Pérez de Francisco. Además, “todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU acerca de este tema no son vinculantes”. Es decir, estos artículos se refieren a recomendaciones de la  Asamblea General y, por lo tanto, no son obligatorios. De esta manera, Marruecos seguirá beneficiándose de los recursos del Sáhara hasta que éste consiga la independencia, momento en el que tendrá derecho a revisar todos los acuerdos firmados por la potencia ocupante y aplicar las “licencias” de explotación concedidas a empresas como Ophir Energy, Premier Oil Limited o Europa Oil. Petroleras que verán recompensada su espera consiguiendo cuantiosos beneficios.


Eva María Marco ♦

POTENCIALES BENEFICIOS Y ALTOS RIESGOS PARA IBERDROLA
■ Beneficios millonarios.
■ Adelantarse a posibles competidores en el mercado de extracción de recursos en la zona.
■ El bajo coste de oportunidad haría relativamente cara la inversión en otro lugar.
VENTAJAS...
■ Vulneración del derecho internacional.
■ Posible pérdida de accionistas, por la falta de ética empresarial.
■ Pérdida de imagen corporativa.
EL SÁHARA OCCIDENTAL
Capital El Aaiún
Superficie 266.000 km2
Población 250.559 habitantes
Gobierno Consejo Superior en el exilio de la Revolución
Partidos Frente Popular para la la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario)
Jefe del Estado Mohammed Abdelaziz
Recursos Pesca, fosfatos, económicos y petróleo
Fuente: elaboración propia.

(FUENTE: REVISTA CAPITAL, septiembre 2007)