En las Islas se percibe el conflicto desde otra perspectiva: la que da la cercanía geográfica y la presencia de una importante colonia de saharauis huidos de sus tierras cuando Hassan II inició la ocupación, hace 32 años. Para CC, la actitud del Gobierno dificulta la resolución de un conflicto que, de permanecer confinado en el cajón del olvido, podría aumentar la inestabilidad de una zona más que sensible, donde la desesperación de los pueblos es caldo de cultivo para el fundamentalismo islámico.

Los canarios tienen una segunda razón de peso para apoyar al pueblo saharaui: la presión migratoria. Marruecos ha incentivado que más de 200.000 de entre los más pobres de sus súbditos colonicen los territorios ocupados, y muchos de ellos parten en cayuco hacia las Islas Canarias sin que las autoridades marroquíes pongan mucho interés por interceptarlos.

CC ha criticado la postura “confusa, equidistante y, por tanto, injusta” de La Moncloa. El presidente canario, Paulino Rivero, apoya la resolución 1.754 de la ONU, que insta a las dos partes a buscar una solución “justa y viable” a través de unas negociaciones bilaterales “sin condiciones previas ”que comenzaron en junio y se retomarán en agosto en Nueva York. Mientras no cristalicen en algo, CC considera vigente la resolución 1.495, que contempla el referéndum de autodeterminación. Según el diputado popular Gustavo de Arístegui, el Sáhara “ha estado en la base de las tensiones que se percibieron en la última campaña electoral entre CC y PSOE”. Sin embargo, el Gobierno canario ha sido más ambiguo otras veces, presa de los intereses comerciales y estratégicos que aconsejan llevarse bien con el vecino alauí.


RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Hace más de 30 años, una mala descolonización del Sáhara español dejó al pueblo saharaui a merced del Estado marroquí. La imagen de los saharauis corriendo con sus baúles sobre la arena del desierto, huyendo del Ejército de Hassan, que ocupaba el territorio mientras lo abandonaban las fuerzas españolas, dejó una profunda huella en toda una generación. Una “vergüenza colectiva”, en palabras de Montserrat Muñoz, diputada de IU-ICV, que “explica la profunda solidaridad del pueblo español hacia los saharauis” y contrasta con el “desinterés” de los sucesivos Gobiernos.

Las conversaciones de Nueva York dejan un resquicio a la esperanza después de un largo ‘impasse’. Todas las partes implicadas han saludado la iniciativa de la ONU como una “buena señal”, aunque el Frente Polisario sigue siendo escéptico respecto a la buena voluntad negociadora de Marruecos, que a lo largo de estos 30 años “ha colocado todo tipo de piedras en el zapato” para incumplir las resoluciones de la ONU.

Fátima Aburto, portavoz socialista de Exteriores en el Congreso, explica que “el Gobierno nunca apoyó el plan de autonomía marroquí; lo que dijo es que le parecía bien el esfuerzo de Rabat para iniciar negociaciones”. Para el pueblo saharaui es una opción inaceptable, y no sólo porque implica reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Como explica Limam Boicha, poeta saharaui asentado en España, “si el tema se cierra por la puerta falsa, la comunidad internacional se lavará las manos: dejará de ser un vestigio de la descolonización para convertirse en un problema interno de Marruecos”. El PP pide que las dos partes huyan de posiciones maximalistas: para Arístegui, “ni la opción independentista es aceptable para Marruecos, ni una autonomía limitada lo es para el Polisario”. A su juicio, una solución intermedia podría ser una autonomía más amplia, quizá con un modelo confederativo. Pero resulta difícil conjugar esta vía con el reconocido derecho a la autodeterminación de un pueblo que se inclina masivamente por la independencia.

Cuando Marruecos lanzó su Marcha Verde en 1975, España atravesaba un momento delicado, al borde de la descomposición entre la agonía del dictador Francisco Franco y una situación económica explosiva. Por eso dice Zahra, enfermera saharaui que lleva doce años viviendo en Madrid, que “la actuación anterior de España puede entenderse por el contexto histórico; lo que no tiene justificación alguna es lo que se ha hace ahora”. Zahra lo tiene claro: “Menos kilos de arroz y más apoyo diplomático a nuestro pueblo”, resume, desdeñando los 6 millones de euros que la AECI destinó al Sáhara en 2006. Y concreta lo que pide: que el Estado español reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), como hacen ya unos 80 Estados, la mayoría africanos y suramericanos. “Los que no tienen intereses”, subraya Zahra. Lo mismo solicitó ERC en el Congreso. El PP y el PSOE se escudan en que es jurídicamente imposible; de ahí que IU abogue por “algún gesto” oficial hacia el Frente Polisario.

Similares razones de legalidad esgrimen los socialistas si se les pregunta por el acuerdo pesquero firmado, la UE mediante, con Marruecos, al que los saharauis se oponen porque supone aceptar que sus aguas están bajo la soberanía de Rabat. “Hay una realidad que puede no compartirse políticamente, pero que está ahí, y es que esos territorios están bajo la soberanía de Marruecos”, argumenta Fátima Aburto. Sin embargo, Suecia se ha negado a rubricar el texto, tal vez porque, como apunta Zahra, “tiene más ética que España”. O menos intereses.


PETRÓLEO POR DIPLOMACIA

Porque, ¿a qué tanto interés por un inmenso desierto de 240.000 kilómetros cuadrados? Para Rabat, los argumentos nacionalistas son fuentes de legitimidad para el régimen; pero, en esencia, como muchos otros pueblos en África y América del Sur, el Sáhara Occidental es víctima de su propia riqueza. Fosfatos, un importante banco pesquero y, tal vez, petróleo.

El oro negro fue el instrumento que quiso utilizar Marruecos para inclinar la balanza internacional a su favor, atrayéndose a dos potencias con voto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En 2001, Rabat firmó dos autorizaciones de prospección de crudo en el Sáhara: cedió a la compañía norteamericana Kerr-McGee una extensión de 114.000 kilómetros cuadrados, al norte de la región; a la francesa Total Fina le reservó 110.000 kilómetros, al sur. Entre las dos empresas se habían repartido el país.

Fue la España de José María Aznar la que frustró los planes de Rabat, al negarse a respaldar a Francia en Bruselas. Aunque, como ha denunciado CC, “ningún Gobierno ha tomado el toro por los cuernos” en este conflicto, el PSOE ha tenido tradicionalmente un mayor interés por atraerse a Marruecos como principal aliado. El país vecino, por su parte, ha sabido utilizar sus armas para convertir el Sáhara en moneda de cambio. Un diplomático español conocedor de la zona sostiene que el terrorismo islamista y la inmigración fuerzan a “apoyar a Mohamed VI como sea”.


DERECHOS HUMANOS

Mientras, 180.000 saharauis sobreviven en penosas circunstancias en los campamentos de refugiados de Tinduf, al sur de Argelia, y 120.000 habitan los territorios ocupados por Marruecos, que vulnera sus derechos. Eso es, al menos, lo que denuncian el Polisario, asociaciones como Amnistía Internacional y la propia ONU. Diversos informes hablan de presos políticos, desaparecidos y torturas, además de una represión sistemática de los derechos políticos de la población saharaui. Algunos hablan abiertamente de genocidio. Un caso reciente es el de Saltana Khaya, una estudiante que perdió un ojo a manos de un policía marroquí durante una manifestación en Marrakech. La activista Aminetu Haidar denuncia que “se tortura a diario” y que, en los últimos tiempos, “la policía está dirigiendo su estrategia represora contra mujeres y niños”.

¿Exageran? Lo cierto es que sólo teniendo algo que ocultar se entiende la actitud de Rabat, que ha negado el acceso a sucesivas delegaciones de parlamentarios españoles, prohíbe la entrada a los periodistas y mantiene en el Sáhara un control policial férreo y más de 150.000 soldados, que absorben con el 20% de su presupuesto militar. De ahí los reparos de IU y CC ante los últimos contratos de venta de armamento a Marruecos: 1.200 vehículos blindados, 800 camiones militares y diez patrulleras; un suculento bocado de 200 millones de euros. En una encrucijada envuelta por tantos intereses, los saharauis saben que es el apoyo de la opinión pública internacional lo que ha impedido que Rabat no se haya anexionado ya sus ‘provincias del sur’. Esa es su mayor fuente de esperanza. En palabras de Aminetu Haidar, “lo que no hacen los Gobiernos pueden conseguirlo los pueblos”.


¿QUÉ FUTURO?

“En el desierto”, dice Montserrat Muñoz, “no hay futuro”. No lo hay, desde luego, para los jóvenes que han nacido en tierra de nadie, estudian una licenciatura en Cuba, España o Argelia y se ven forzados a volver al desierto. Con todo, el pueblo saharaui no ha caído en la desesperación. Todavía. “Intentamos convencerles de que sigan resistiendo pacíficamente, pero, ¿hasta cuándo podremos contenerlo, si sigue habiendo torturados?”, se pregunta Aminetu. La sombra del terrorismo está en el aire. Como ex potencia colonizadora, la ONU encomendó a España el deber de tutelar al pueblo saharaui. Una responsabilidad histórica que, por el momento, el Gobierno ha eludido. “Si tanto le gusta a Zapatero cumplir con la legalidad internacional”, increpa Muñoz, “que haga frente al único reto que la comunidad internacional nos ha encomendado”. “No tiene objeto revivir errores del pasado a menos que iluminen el presente”. Con esta cita de la escritora británica de origen iraní Doris Lessing inicia Tomás Bárbulo su documentado ensayo ‘La historia prohibida del Sáhara español’. Su visión del conflicto no puede ser amable. Lo conoce demasiado bien. Por eso habla de “una historia de heroísmo, crímenes, amistad, traiciones, dinero e intereses políticos”.


EL MOVIMIENTO SOLIDARIO
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA APOYA MASIVAMENTE LA CAUSA SAHARAUI

“Si de algo puede estar orgulloso el pueblo español es de su solidaridad”, sostiene Montserrat Muñoz, diputada de IU. En su opinión, el pro-saharaui es “el movimiento solidario más importante de España”. También, seguramente, el más heterogéneo: reúne a militares veteranos y jóvenes de izquierdas. Existen en el país unas 180 asociaciones; sólo en 2001, 8.000 niños saharauis fueron acogidos en vacaciones y 6.000 españoles visitaron los campamentos de refugiados de Tinduf, al sur de Argelia. Y ello pese al “bloqueo informativo” que denuncia la activista Aminetu Haidar.